La crisis del Tribunal Constitucional de Polonia: un tribunal con dos líderes ante la prueba del quórum

En la noche del viernes 30 de octubre, en la web del Tribunal Constitucional de Polonia apareció un aviso que parecía un cambio de gobierno dentro de una sola institución. Decía que el presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, quedaban apartados de sus funciones durante un mes, y que la jueza Anna Korwin-Piotrowska dirigiría el tribunal en su lugar. Esa misma tarde, la policía empezó a custodiar el edificio del tribunal, y varios cientos de manifestantes se concentraron fuera exigiendo la reincorporación de Święczkowski. La propia cuenta del tribunal en redes sociales calificó la medida de toma de poder ilegal y de golpe de Estado. Para el fin de semana, Polonia tenía un tribunal constitucional con dos versiones rivales sobre quién lo dirige, y ningún lado daba marcha atrás.

La disputa no empezó el viernes. Se remonta a 2015, cuando el entonces gobernante partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) intentó nombrar jueces del Tribunal Constitucional para puestos ya ocupados por el gobierno anterior, iniciando una lucha de una década sobre quién ocupa legítimamente un asiento en el tribunal. El capítulo actual se abrió este año, cuando el presidente Karol Nawrocki, políticamente afín al PiS, se negó a tomar juramento a varios jueces propuestos por la mayoría parlamentaria, mientras Święczkowski negaba a esos jueces el acceso al tribunal. Korwin-Piotrowska es una de las protagonistas de esa lucha: afirma que fue elegida debidamente por el Sejm, la cámara baja polaca, y que, como jueza con más antigüedad, tenía derecho a asumir la dirección. La presidencia cuestiona si su juramento es válido, ya que no se prestó ante el propio presidente.

El sábado hubo consultas, pero ningún acuerdo. Nawrocki interrumpió una visita oficial a África y regresó a casa, se reunió durante la noche con jueces de alto rango y el sábado con líderes políticos, y acusó al gobierno de organizar una toma forzada de un órgano constitucional. El primer ministro Donald Tusk, en un discurso televisado el sábado, dijo que el tribunal funcionaría ahora de forma independiente y conforme a la Constitución polaca, sin ofrecer ningún procedimiento para tomar juramento a los jueces en disputa. El sábado, la Comisión Europea dijo que el nombramiento de ocho nuevos miembros del tribunal entraba dentro de las competencias constitucionales del Sejm, y que las autoridades polacas debían garantizar que el tribunal funcionara conforme a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, por su parte, dijo que los fundamentos jurídicos de la orden de suspensión del 30 de octubre eran cuestionables. Cada institución que se ha pronunciado hasta ahora ha hablado sin responder a las demás.

Por eso la asamblea general del martes importa más que una reunión ordinaria. Korwin-Piotrowska ha convocado a los jueces a las 15:30, hora de Varsovia, para aprobar el presupuesto del tribunal para 2027, el mismo presupuesto que, según ella, la negativa de Święczkowski a admitir a los jueces en disputa había impedido aprobar. Pero una asamblea general solo puede adoptar decisiones vinculantes con un quórum de 10 de los 15 jueces del tribunal, y llegar a 10 es toda la lucha. Figuras del PiS han aconsejado a los jueces que no asistan, dudando de que la reunión sea siquiera una asamblea legítima, y al menos un juez de alto rango habría rechazado acudir, según los reportes. Hay un precedente reciente de fracaso: una asamblea sobre el presupuesto celebrada en julio se vino abajo cuando varios jueces abandonaron la sala por colegas que no habían sido admitidos. El presupuesto es un pretexto útil para reunirse, pero la verdadera pregunta sobre la mesa es quién cuenta como juez.

Leo esto como algo más grande que una disputa de personal, y por eso pertenece a un sitio que sigue predicciones y no solo noticias. La autoridad de un tribunal constitucional descansa en un acuerdo compartido sobre quién se sienta en él; una vez que ese acuerdo se rompe, el tribunal no puede resolver con credibilidad las disputas de otros, porque su propia composición es la disputa. El momento agudiza lo que está en juego: las próximas elecciones parlamentarias de Polonia están a aproximadamente un año, y el tribunal que decidiría sobre la ley electoral y la legislación es el tribunal que no logra ponerse de acuerdo sobre su propia dirección. Una asamblea fallida dejaría intactas las versiones rivales y el presupuesto sin aprobar, lo que ya es una especie de respuesta: un tribunal que no puede reunirse no puede gobernarse a sí mismo. Una asamblea exitosa tampoco pondría fin a la discusión, porque el PiS ya ha señalado que no reconocería las decisiones de una asamblea convocada por Korwin-Piotrowska, pero al menos demostraría que se puede encontrar a diez jueces dispuestos a sentarse en la misma sala y votar.

Mi expectativa es que la asamblea tiene más probabilidades de quedarse corta que de alcanzar el quórum. El consejo de boicot, la negativa reportada, el colapso de julio y los juramentos en disputa apuntan todos en la misma dirección, frente a un umbral que exige un apoyo muy superior al de cada bando por separado. Los contrapesos son reales: el presupuesto necesita aprobarse de verdad, la Comisión Europea ha respaldado los nombramientos del Sejm, y la propia Korwin-Piotrowska ha dicho que espera que la reunión se celebre. Pero un quórum de diez en un tribunal de quince miembros dividido por la mitad es un listón alto, y un tribunal tan dividido rara vez lo supera en el primer intento. La tarde del martes en Varsovia nos dirá si estamos ante un tribunal en crisis o ante un tribunal que todavía puede reunirse.